Centrales sindicales rechazan el decreto 1174

El pasado 27 de agosto, se expidió el decreto 1174 del Ministerio de Trabajo. El presidente de la república firmó la norma que pretende crear el “Piso de Protección Social”. Pero las centrales sindicales y conocedores del mundo del trabajo han rechazado de plano este decreto.

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC y la Confederación General del Trabajo, CGT, ya se pronunciaron en contra del decreto 1174. Coinciden en que la norma es un engaño para los trabajadores colombianos.

El decreto 1174

En el Plan Nacional de Desarrollo quedó el artículo 193. Ahí establece que los trabajadores de tiempo parcial que no alcancen a ganar un salario mínimo, tienen derecho a recibir protecciones sociales como salud, riesgos laborales y una especie de pensión. Lo que buscaba era la creación del “Piso de Protección Social” Este decreto, desarrolla ese artículo y crea el mecanismo.

Desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, el sindicalismo ha criticado el artículo 193. Se planteó que este le abría el paso al trabajo por horas, lo que iría en detrimento del empleo y la remuneración de millones de trabajadores colombianos.

El decreto 1174 amplía la cobertura de la seguridad social a costa de los derechos ya ganados por los colombianos. Así lo explican Ana María Amado y Luisa Fernanda Parra de la Escuela Nacional Sindical, ENS. “El Decreto 1174 reduce a la baja las garantías del sistema y abre la puerta para que los BEPS, un servicio complementario y no progresivo, cubra no solo a los más vulnerables, sino también a la población económicamente activa que puede cotizar a un sistema más garante y no asistencial”, dicen en un artículo

Según las abogadas, el decreto 1174 modifica la constitución en lo que tiene que ver con los requisitos para acceder a los BEPS. Uno de ellos es que los beneficiarios no cumplan con las condiciones para acceder a pensión, así se vulnera el principio de progresividad y no regresividad.

“Así, a pesar de que el artículo 48 de la Constitución establece que se pueden conceder BEPS inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, el decreto 1174  amplía la cobertura estableciendo que  las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ello reciban un ingreso total mensual inferior a un (1) salario mínimo se encuentran obligados a acceder a los BEPS, sin que tenga importancia que cumplan o no con las condiciones para acceder a una pensión.”

Otra de los temores es que el decreto 1174 sea una antesala del trabajo por horas. “Al permitir cotizaciones por debajo del salario mínimo se habilita la flexibilización laboral que conlleva la reducción a la baja de las demandas de las y los trabajadores y sume al país en modelos de protección mínimos.” Dicen Amado y Parra. Las abogadas agregan que se comienzan a estructurar los cimientos de un sistema precario y mediocre que no garantiza la seguridad social digna. 

Las críticas de las centrales

La CUT expidió un comunicado en el que rechazó de plano el decreto 1174. Dicen que la norma atenta contra los derechos pensionales y laborales de los trabajadores colombianos. La central le pide al Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera que derogue el decreto. Además, le solicita que entable conversaciones con las organizaciones sindicales para plantear verdaderas propuestas en relación con los pisos de protección social.

Dice el comunicado de la CUT que el decreto 1174 no es un desarrollo de los pisos de protección social propuestos por la OIT. Asegura que es todo lo contrario porque la recomendación 202 de la OIT del 2012 dice que los Pisos de Protección Social, PPS deben incluir garantías básicas en materia de seguridad social durante todo el ciclo de la vida. “Este nuevo PPS es, por el contrario, una flexibilización de las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores consagrados en la Constitución Política de Colombia, el Código sustantivo de trabajo y demás normas nacionales vigentes.”

Por su parte, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT dijo en un video colgado en Twitter que el decreto 1174 es un absurdo inaceptable. “Esto es una actitud que no tiene ninguna clase de presentación”, dijo.  Aseguró que la discusión de estos temas le corresponde es a la Comisión de Concertación.

Julio Roberto Gómez agregó que el decreto 1174 es abiertamente inconstitucional.  “No resuelve los problemas de fondo para la clase trabajadora colombiana. Llegó la hora en que sea convocada la Comisión Permanente de Concertación para encontrarle salida a esta problemática” finalizo el dirigente. 

A su vez, la CTC también expidió un comunicado. La Confederación dijo en este documento que el decreto 1174 es un “aleve atentado contra los trabajadores”. Asegura que es mentiroso y señala los embustes que, según ellos, tiene.

Dice por ejemplo que la ley no permite que haya salarios por debajo del mínimo. El decreto 1174 lo que hace es permitir que se pague a los trabajadores por debajo de lo estipulado. También dice que los BEPS no son un aporte pensional, que los microseguros contemplados son un engaño y que la protección social no es una acción generosa.

“El decreto 1174, no trae ningún beneficio para los trabajadores, no combate la informalidad, todo lo contrario, la fomenta y la legaliza, elimina el derecho a una pensión digna, es contraria a las recomendaciones de OIT y a los objetivos del desarrollo sostenible – ODS, es una negación al trabajo decente, inicia el desmonte del salario mínimo, deja a la clase trabajadora en situación de mayor pobreza y desamparo, aumentará la pobreza y la desigualdad”.

Finaliza la comunicación de la CTC diciendo que el decreto 1174 es “la más letal reforma laboral y pensional en la historia de Colombia”.

Fuente:https://ail.ens.org.co/informe-especial/centrales-sindicales-rechazan-el-decreto-1174/

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Con los «pisos de protección social», el gobierno ha realizado una regresiva reforma laboral y pensional que disminuye hasta 35 % los ingresos de los trabajadores en las nuevas contrataciones Por: Fabio Arias Giraldo | septiembre 03, 2020

El trabajador pierde el régimen de incapacidades y licencias: prohibido enfermarse o accidentarse, pues no recibirá ingresos.

Desde que se inició el modelo neoliberal del libre comercio en 1990, se han venido haciendo reformas laborales y pensionales. En las laborales se destacan las leyes 50 de 1990, 789 de 2002, 1607 de 2012 y 1955 de 2018(PND). En las pensionales se destacan las leyes 100 de 1993, 793 de 2003 y los actos legislativos 01 del 2005.

Todas ellas expedidas bajo las  motivaciones de flexibilizar la relación laboral y disminuir sus costos para poder generar empleo.

Toda estas normas más las violaciones a las mismas normas utilizando trabajadores independientes,  contrataciones civiles y comerciales como cooperativas de trabajo, órdenes de prestación de servicio, tercerización laboral e incluso el contrato sindical con falsos sindicatos, ha llevado que los trabajadores hayan perdido significativos ingresos, cuantificados en un descenso del 7% en la contribución del trabajo en el PIB ($70 billones en el último año) , obviamente ganándoselo el capital.

Con la expedición del decreto 1174 del 27 de agosto del 2020 sobre «pisos de protección social», el gobierno de Iván Duque, aprovechando oportunistamente las dificultades de la ciudadanía en la pandemia, ha realizado una regresiva reforma laboral y pensional con la cual los trabajadores verán disminuidos hasta en un 35% sus ingresos en las nuevas contrataciones laborales.

Este decreto flexibiliza completamente la relación laboral al imponer contratos por horas,  con ingresos por debajo del salario mínimo ( modifica el código). Hoy puede que lo llamen a trabajar una hora y mañana no o nunca más, con plena discrecionalidad del patrono. Con ello también atentan contra el derecho de asociación, pues cuando el patrono vea que se están sindicalizando los trabajadores no los vuelve a llamar, logrando debilitar su organización. Se acaba de hecho la indemnización por terminación unilateral del contrato, pues la flexibilidad lo termina.

Todos los trabajadores en esta nueva modalidad se adscriben es al Sisbén y a un  microseguro por riesgos laborales y por tal todo el régimen de pago de incapacidades y licencias, las pierde el trabajador. Prohibido enfermarse o accidentarse, pues no recibirá ingresos.

El piso de protección social obliga a adscribir al trabajador no al sistema pensional (Colpensiones en régimen de prima media o a los fondos privados en ahorro individual, donde la pensión mínima y heredable es de un salario mínimo), sino al sistema de los BEPS( Beneficios ¿?Económicos Periódicos) adscrito a Colpensiones pero en ahorro individual, y que le representaría en la vejez en un retiro programado no heredable de entre $40.000 a máximo $80.000 miserables mensuales. Es decir NO hay pensión.

Adicionalmente pierde el trabajador el subsidio familiar pues el patrono no vuelve a aportar el 4 % del salario a las cajas de compensación familiar (se marchitarán).

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El empleador estará tentando a abandonar régimen del código laboral de mínimo un salario mínimo y plena seguridad social para pasar sus trabajadores al más barato de los pisos de protección social

Queda, además la tentación del empleador, al tener la opción de dos regímenes laborales, de abandonar el del código laboral de mínimo un salario mínimo con plena seguridad social e ir pasando a sus actuales trabajadores al régimen de los pisos de protección social que es mucho más barato, con lo cual acrecentará la tasa de explotación laboral, que se verá reflejada para él en mayor productividad y ganancias.

Y por si fuera poco, quedan en entredicho los derechos de vacaciones y prestaciones sociales, recargos nocturnos y dominicales y festivos,  acabándose eso sí el concepto de horas extras.
Un regalazo del plutocrático gobierno de Duque para sus socios, los empresarios.

Así entonces, se precariza más el trabajo, sin estabilidad laboral, ni sindicato, con una falsa formalización laboral y una disminución artificial del desempleo al cambiar un trabajador de salario mínimo en dos con la mitad de los ingresos y disminuidos sus derechos y prestaciones sin que nunca tenga la opción de pensionarse. Y el caradura de Duque es capaz de afirmar que no es un regresiva reforma laboral y pensional.

Posdata: Están apagando el fuego con gasolina.

Twitter: fabioariascut

Fuente: https://www.las2orillas.co/decreto-1174-mano-de-obra-mas-barata-para-mayor-explotacion-laboral/

Pago de incapacidades por aislamiento preventivo ¿para cuándo?

A los trabajadores colombianos no le son reconocidas las incapacidades por aislamiento preventivo ante sospecha de tener Covid-19

Por Marely Cely Silva

Las y los trabajadores colombianos, han visto como durante los periodos de aislamiento por sospecha de Covid 19, ni los empresarios, ni las EPS, ni las ARL, han garantizado el derecho al mínimo vital de los trabajadores o trabajadoras que por causa o con ocasión de su actividad laboral, han adquirido el virus en razón a la inevitable exposición que se tiene con este por las aglomeraciones en los sistemas de transporte y los centros de trabajo.

Hay que tener en cuenta que, en Colombia, las y los trabajadores que sufran padecimientos de salud, relacionados con su trabajo, ya sea por accidentes o enfermedades, tienen derecho a recibir una prestación económica a cargos del sistema de seguridad social. Así, para los casos en los que exista alguna causal de imposibilidad para el desarrollo de las actividades laborales, quienes trabajan y aportan al sistema, tienen derecho a recibir un auxilio monetario comúnmente denominado incapacidad. (el cual estará a cargo de la EPS en caso de ser de origen común y a cargo de la ARL en caso de ser de origen laboral). Este auxilio permite que el trabajador conserve un mínimo vital para su subsistencia gracias al pago que realizó previamente al sistema.

A pesar de que las restricciones de movilidad para continuar ejecutando las actividades laborales cuando existe sospecha de Covid obedece a mandato médico, la clase trabajadora colombiana se encuentra en un “limbo jurídico”, inhumanamente aprovechado por las instituciones a cargo del sistema de seguridad social, pues estas han optado por no realizar el pago de los periodos de aislamiento obligatorio por sospecha de Covid a favor de las y los trabajadores, esto con sustento en la leguleyada de que no se ha corroborado la existencia de enfermedad que amerite el pago de incapacidades y que las medidas preventivas no tienen que estar a cargo de las empresas que administran el sistema. Lo que además se agrava por el hecho de que solo se reconoce el virus como una enfermedad laboral para trabajadores del sector salud cuando la exposición, en tiempos de aislamiento, se genera principalmente por el trabajo. 

Por todo lo mencionado, es evidente que la postura asumida frente al pago de incapacidades en los periodos de aislamiento preventivo por sospecha del Covid 19 ha demostrado que el manejo del modelo de protección social en el país no tiene como finalidad el amparo de la ciudadanía sino el beneficio económico de quienes nada quieren aportar en la pandemia. El sistema de protección social requiere abandonar las lógicas mercantilistas de banqueros y aseguradores que ven en la vida, la salud y la dignidad de las personas, números y ganancias.

Recomendaciones sobre el tema de las incapacidades

En términos prácticos, es importante que los trabajadores sepan que los médicos deben asignar códigos a los diagnósticos realizados a sus pacientes cuando estos son atendidos por el profesional y, que uno de los argumentos para no otorgar las incapacidades durante el periodo de aislamiento preventivo es que no existe la posibilidad de diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, debe tenerse en cuenta, para esta discusión que dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), reconocida por el Ministerio de Salud, se establece que las enfermedades respiratorias agudas pueden ser registradas bajo el código U 07.1 y el virus Covid 19 bajo el código: U 07.2. Es decir, que los periodos de aislamiento por sospecha de Covid pueden ser diagnosticados y por tanto se puede otorgar incapacidad a favor del trabajador o la trabajadora.

En todo caso, más allá de las viables reclamaciones que bajo argumentos técnicos pueden esgrimir las y los trabajadores a su favor, lo cierto es que no parece existir voluntad política por parte de las empresas del sector salud en cuanto a priorizar la vida y la dignidad de sus usuarios sobre los costos del pago de incapacidades, así mismo, es evidente que aunque el Gobierno nacional ha insinuado regular este tema, su insufrible negligencia en contra de la ciudadanía ha afectado nuevamente los derechos fundamentales de la población colombiana.

Fuente: http://ail.ens.org.co/opinion/pago-de-incapacidades-por-aislamiento-preventivo-para-cuando/

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